Colombia vivirá este jueves la jornada de protestas más fuerte convocada hasta ahora contra el Gobierno del presidente Iván Duque, manifestaciones que ocurrirán en un momento de agitación social en América Latina lo que causa incertidumbre también en el país andino.

Las centrales obreras y movimientos sindicales que llamaron a la protesta lo han calificado como "paro nacional" y se espera asistencia masiva en Bogotá y otras grandes ciudades como Medellín, Cali y Barranquilla.

En todo el país el Gobierno tiene preparado un dispositivo policial y militar para evitar que las movilizaciones acaben en disturbios.

Las medidas incluyen el cierre desde primera hora de este miércoles y hasta las 5.00 hora local (10.00 GMT) del viernes de los pasos fronterizos de Colombia con Venezuela, Brasil, Ecuador y Perú, ya que con Panamá no hay cruces oficiales porque el límite está en la región selvática del Darién.

Migración Colombia, que en las últimas semanas expulsó del país a 24 extranjeros, en su mayoría venezolanos, argumentó que esta medida y el cierre de fronteras tienen como objetivo evitar que agitadores procedentes del exterior alteren el orden público.

Los motivos

Según los convocantes, el Gobierno de Duque prepara un "paquetazo" de medidas que causarán fuerte impacto económico y social en los trabajadores, como eliminar el fondo estatal de pensiones Colpensiones, aumentar la edad de jubilación y contratar a los jóvenes con salarios inferiores al mínimo, entre otras medidas.

Las organizaciones sociales reclaman por su parte al Gobierno un mayor compromiso con la implementación del acuerdo de paz con las FARC, así como medidas de protección efectivas para indígenas y líderes sociales, blanco de una ola de asesinatos que se ha cobrado la vida de centenares de ellos desde que Duque llegó al poder, hace quince meses.

A las manifestaciones acudirán también estudiantes de universidades públicas y privadas que reclaman más inversión en educación y el cumplimiento de acuerdos firmados el año pasado después de más de dos meses de protestas.

Respuesta del Gobierno

El Gobierno asegura por su parte que no es cierto que haya presentado al Congreso las reformas laboral y de la seguridad social que denuncian los sindicatos, y los actos públicos de los últimos días de Duque y sus ministros han estado dedicados a explicar la posición oficial al respecto.

Las manifestaciones se producirán en un momento de baja popularidad del presidente colombiano, cuya aprobación ronda el 26 %, por lo cual el Gobierno asegura que, aunque respeta la protesta social, garantizada como un derecho constitucional, hay quienes buscan sacar ganancias políticas del momento.

"Hay sectores de oposición que indiscutiblemente quieren desestabilizar al país y al Gobierno", manifestó la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, quien dijo que hay "gente muy preocupada por el espejo de lo que ha pasado en otros países" de la región, como Chile y Bolivia.

Prevención ciudadana

Pese a los llamados de los organizadores y de dirigentes políticos y sociales a mantener el orden y evitar la violencia en las protestas, muchos ciudadanos expresan su temor a que infiltrados provoquen desmanes como los ocurridos recientemente en Chile y Ecuador.

Por esa razón, numerosos comercios y edificios de instituciones del Estado han sido cubiertos con mallas y tablones de madera para proteger sus fachadas y evitar que sean dañadas, algo que ya ocurrió en las últimas manifestaciones.

La agitación en las redes sociales, donde se enfrentan partidarios de las protestas y opositores a éstas, se palpa también en las calles, especialmente en Bogotá, donde esta semana solados del Ejército armados con fusiles fueron vistos en el centro y algunas avenidas, aunque el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, descartó que se trate de una "militarización".

Algunos gremios, como el de transportistas de carga por carretera, el de autobuses intermunicipales y los caficultores del departamento de Antioquia (noroeste) aseguraron que no se adherirán a la protesta.

Operaciones polémicas

En medio de las tensiones por la jornada de mañana, defensores de derechos humanos denunciaron este martes que la Policía hizo allanamientos en Bogotá, Medellín y Cali a viviendas de líderes que promueven las manifestaciones.

Asimismo, el medio digital cultural Cartel Urbano fue allanado por policías con el argumento de que en sus instalaciones se guardaban explosivos y material impreso para causar desórdenes.

No obstante, la Fundación Para la Libertad de Prensa (FLIP) señaló que después de tres horas de allanamiento, la Policía "no encontró nada en la sede del medio" y recordó que esa institución debe garantizar la libertad de expresión y a la protesta social.

"En otro hecho que tiene como finalidad censurar, la Policía Nacional solicitó al medio digital Cerosetenta que eliminara de su sitio web un manual de autoprotección contra el (Escuadrón Móvil Antidisturbios) ESMAD", primera línea de choque en las manifestaciones, denunció la FLIP.

EFE